La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $3.461 millones como consecuencia del daño al patrimonial verificado en desarrollo de las obras del puente de Valencia sobre el río Sinú, en el Municipio de Tierralta (Córdoba), durante la ejecución del contrato inicial de construcción (3381 de 2009). 

El organismo de control determinó que no se cumplió el objetivo de dicho contrato, que era acometer las obras necesarias para lograr la funcionalidad del puente en beneficio de la comunidad. 

Se encontró probado que existió falta de inversión del anticipo en obra y no hubo devolución de los recursos dejados de invertir. También resultó deficiente la calidad de los diseños entregados y aprobados y de la misma obra.  

Estos hechos demuestran que los recursos invertidos, no atendieron a la finalidad de satisfacer el interés general, como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, consideró la Contralora Delegada Intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. 

El fallo con responsabilidad fiscal recae en contra de cuatro personas jurídicas y una persona natural: 

- Sym Ingeniería Ltda, Cortázar y Gutiérrez Ltda, Global Valor S.A. y Efraín Antonio Barros Cabas (constructores, integrantes del Consorcio Puente Valencia 2010-2011). 

- Diconsultoría S.A. (interventor). 

Así mismo, se ordenó desvincular al asegurador Seguros Generales del Estado S.A.; y se falló sin responsabilidad fiscal en favor de Camilo Benítez Lacouture, por no encontrarse acreditados todos los elementos de la responsabilidad fiscal. 

Las personas en contra de las cuales se profirió este fallo con responsabilidad fiscal cuentan con la oportunidad de interponer los respectivos recursos de reposición y apelación.  

El puente de Valencia comunica al Alto Sinú con el Urabá antioqueño.